Debido a las restricciones de viaje y a las obligaciones de cuarentena como consecuencia de la pandemia de COVID-19, muchas personas quedaron atrapadas en diferentes países sin posibilidad de regresar a sus países de residencia.

 

En abril de 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó una recomendación a los países miembros para que tomaran medidas para evitar los conflictos de residencia derivados del COVID-19. En concreto, la OCDE recomendaba que los periodos pasados en un país por fuerza mayor -como el estado de alarma declarado en España en el contexto de la crisis de la COVID-19- no se tuvieran en cuenta para determinar la residencia fiscal de las personas físicas.

 

Aunque se trataba de una mera recomendación, el criterio fue adoptado por la mayoría de los países miembros, como el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Dinamarca y Australia.

 

Desafortunadamente, España no siguió este criterio, y el 17 de junio de 2020 la Dirección General de Tributos (DGT), en su consulta vinculante V1983-2020, determinó que los días transcurridos en España como consecuencia del estado de alarma sí debían ser tenidos en cuenta para calcular los 183 días de permanencia por residencia fiscal.

 

Sin embargo, la DGT acaba de cambiar su criterio, y en su reciente resolución vinculante emitida el 12 de abril de 2021 ha aceptado las directrices de la OCDE, por lo que para aquellos no residentes que permanecieron en España obligados por el estado de alarma, los días de su estancia no serán tenidos en cuenta a efectos de residencia fiscal.